EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN TIEMPOS DE COVID-19

La pandemia que afecta a gran parte del mundo ha originado diversos hechos de carácter imprevistos e inesperados, que tienen efecto en el mundo de los negocios, y específicamente, en los aspectos y leyes que rigen el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Por Rodrigo Cortés 

Las medidas gubernamentales para prevenir, mitigar y hacer frente al COVID-19, implican necesariamente /i/ el intento por disminuir los efectos negativos, y /ii/ la necesidad de hacernos cargo del universo de incumplimientos contractuales que se presentarán, haciendo necesario enfrentarlos de manera extrajudicial o judicial.

Es de presumir, que la ejecución de las obligaciones contractuales en esta época de pandemia, se tornen para alguna de las partes más difícil o imposible. Por ejemplo, el arrendamiento de un local comercial con prohibición de la autoridad sanitaria de funcionamiento, produce que el arrendatario no perciba ingresos para satisfacer la renta, gravándose así su patrimonio de una manera excesivamente mayor, onerosa e inevitable. Es ya una realidad el de la tasa de desempleo, que las medidas sanitarias sean cada vez más gravosas, un aumento en el precio de ciertos bienes y servicios, y otras situaciones que expondrán a diversos deudores a la dificultad o imposibilidad de cumplir con la prestación de la obligación.

Si bien el derecho vigente no se encontraba expresamente preparado para una pandemia del tipo COVID-19, contempla diversas herramientas para enfrentar -caso a caso- los diversos efectos adversos de esta lamentable situación.

1.- Teoría de la imprevisión. 

La teoría de la imprevisión contractual o también conocida como excesiva onerosidad sobreviniente, tiene por objeto regular la situación en que el costo de la ejecución de las obligaciones contractuales, por hechos extraordinarios e imprevistos, se incremente notable y significativamente, produciendo un perjuicio para una de las partes, que por regla general es el deudor.

Se podría entender en un primer análisis, que esta institución es la que podría resolver la mayoría de los incumplimientos contractuales que se origen bajo la pandemia (periodos de cuarentena, aislamiento social y en cuanto siga vigente la prohibición de los comercios para funcionar). Sin embargo, la jurisprudencia de los tribunales ordinarios está un tanto dividida entre la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, la primera aceptándola pese a no estar regulada y la segunda, primando obviamente ante la primera, determina la improcedencia de dicha teoría en nuestro ordenamiento jurídico por no estar regulada expresamente por nuestra ley civil.

No obstante, la opinión de la Corte Suprema, /i/ la mayoría de la doctrina sigue patentando la necesidad de una regulación expresa y determinada de la teoría de la imprevisión, y /ii/ nuestro sistema da libertad a los tribunales para fallar con libertad relativa y sin sujeción absoluta a lo resuelto por fallos anteriores. En este sentido, creemos que es muy probable que veamos un ajuste de los criterios jurisprudenciales en línea con lo sostenido por la mayoría de la doctrina a favor de esta teoría.

Un grupo minoritario de la doctrina es contrario a una regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico de esta teoría, señalando que /i/ ello entregaría una herramienta a los jueces que permitirá transgredir el principio del pacta sunt servanda consagrado en el artículo 1545 del Código Civil, /ii/ aumentaría la carga litigiosa de los tribunales, y /iii/ se afectaría la seguridad jurídica que proporciona la actual ausencia de regulación expresa.

El profesor Enrique Alcalde R., se encarga de responder indicando que la aceptación de la teoría de la imprevisión está consagrado expresamente por la ley a nivel internacional. El Código Civil Argentino lo trata en el artículo 1198: “En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución diferida o continuada, si la prestación a cargo de una de las partes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato.”; el Código Civil Italiano contiene una regla similar en sus artículos 1897 y 1898; esto se replica en Alemania, Grecia, Bolivia, Paraguay, y el Código de Comercio Colombiano que en su artículo 868 contempla la siguiente regla: «Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá éste pedir su revisión…«.

La experiencia internacional recopilada por Alcalde entrega diversas muestras del comportamiento internacional de los Tribunales de Justicia, en línea con la posición mayoritaria de la doctrina. Se entiende que las diversas normas que tratan la teoría de la imprevisión son derecho estricto y conllevan todos los efectos de ser consideras como tal. Ahora bien, la aplicación excepcional de estas normas y el gran desgaste que implica llevar un proceso judicial ordinario y de lato conocimiento, provoca que en diversos países, inclusive el nuestro, se redacten acuerdos extrajudiciales por las partes para adecuar la obligación a las circunstancias fácticas que se estén viviendo, como una pandemia.

Asímismo, y dentro de sus capacidades, los jueces árbitros se han visto más expuestos al ejercicio práctico de esta institución, adecuando en virtud de un proceso, las cláusulas contractuales que resulten excesivamente onerosas para una de las partes, es menester dejar patente que el trabajo intelectual e interpretativo que realizan estos magistrados, va orientado exclusivamente a la interpretación de la voluntad de las partes al momento de contratar y según las reglas generales de la interpretación de los contratos. Por ende, se ha establecido que la teoría de la imprevisión constituye una función interpretativa del contrato, respetando la común intención de los contratantes, interpretando la voluntad de las partes bajo la perspectiva de lo que ellos hubiesen pactado teniendo en vista los hechos que se juzgan.

2.- Caso Fortuito.

Dada los hechos suscitados a nivel nacional podría plantearse que la pandemia tiene las características de ser un caso fortuito, sin embargo, una de las principales características que reviste esta institución es que la imposibilidad de incumplir sea absoluta, con atención a esto y a la percepción científica de que en algún momento la pandemia cesará y por consiguientes las relaciones jurídicas seguirán vigentes, se trata de algo temporal y no absoluto. Si le diéramos el entendimiento de ser un caso fortuito el deudor de un crédito de consumo podrá esgrimir esta excepción para no ejecutar la obligación y por consiguiente extinguirla, en grandes aspectos, existiría una inestabilidad jurídica entregando el efecto de caso fortuito o fuerza mayor a una pandemia cuyas características no cumplen todos los requisitos de ser considerada como tal.

Con todo, la aplicación de esta institución y, por consiguiente, la materialización de sus efectos, entendiendo por esto, la extinción de la obligación del deudor tendrá lugar en la medida que las directrices de la autoridad sanitaria produzcan efectos absolutos negativos referidos a la capacidad de cumplir con lo pactado.

La determinación de lo recién comentado será labor directa de nuestros Tribunales de Justicia en un ejercicio caso a caso que estará obligado a repensar lo que significa el carácter absoluto de la imposibilidad. Es un hecho que para muchos, la pandemia -que si bien en cuanto tal esperamos cesará- producirá durante su vigencia efectos definitivos para muchos.

3.- Obligaciones objetivas y subjetivas.

Se ha discutido ampliamente cuál es el alcance del concepto de prestación en los contratos. Considerando lo postulado por el jurista español Luis Díez-Picazo, se entiende que la prestación puede entenderse en dos sentidos: /i/ según el primero, el comportamiento efectivo del deudor se confunde con el propio cumplimiento de la obligación, y /ii/ el segundo dice relación al plan o proyecto ideal y que se aspira que se haga realidad en un momento posterior. Según este autor, es dicho plan o proyecto el verdadero objeto de la obligación y no la cosa o el hecho sobre la que recae, por lo cual, se impone una serie de deberes que tienen por objeto la actividad previa necesaria para dar impulso al cumplimiento de la obligación.

Siguiendo en este mismo sentido, el profesor Rodriguez Grez, señala a la obligación como un deber de conducta típico referido a una prestación, es decir, la obligación supone observar una conducta descrita o tipificada en la ley, alcanzando tanto a la eficacia de la obligación como a su cumplimiento, observando el cuidado, actividad y diligencia que deben desplegar las partes para satisfacer el contrato, debiendo remontarse a la configuración de la responsabilidad que den las partes o en subsidio la ley, para describir cual es el correcto comportamiento del deudor, desde luego que estamos haciendo referencia al grado de cuidado y eficacia que debe desplegar el deudor según las reglas de la culpa lata, leve o levísima.

Analizando las posturas expuestas se puede concluir, siguiendo a Rodriguez Grez, que nadie contrae una obligación para cumplirla objetivamente, siempre y sin ninguna excusa posible, el deudor responderá por su incumplimiento sólo si su comportamiento no se ajusta a la debida diligencia y actividad que impone la convención o en subisido la ley. Como ya se ha expresado en doctrina nacional, la obligación trae aparejada una sombra al cuerpo, es por esto que no hay obligaciones objetivas que tomen atención solo al resultado y que deban cumplirse siempre y ante cualquier evento por lo más imprevisto que este sea, sino que son obligaciones subjetivas, que toman atención al medio ejercido por el deudor para dar cumplimiento a lo pactado.

Enrique Alcalde resume lo recién comentado, señalando que el pacta sunt servanda, no es una regla rígida que encasille al deudor al cumplimiento exacto e inexcusable de la obligación, sino que, por el contrario, la obligación vincula al deudor a un deber de conducta, y a un tipo de comportamiento debidamente típificado ya sea por la convención o la ley. La fuerza obligatoria del contrato no impone la ejecución de una prestación, ésta se satisface con el despliegue de la conducta típica debida, en tanto ella sea posible tal como fue concebida al momento de pactarse.

A modo de conclusión, lo señalado por estos autores subsana en cierta medida la ausencia de una regulación expresa de la teoría de la imprevisión o eventuales debilidades de la fuerza mayor, tomando atención a que el comportamiento del deudor esté orientado exclusivamente y por todos sus medios posibles a cumplir con lo debido, no obstante, a que el resultado de esto, no sea el cumplimiento exacto de lo pactado o, incluso eventualmente, el excepcionarse de cumplirlo por imposibilidad. Sin duda, el escenario generado por COVID-19 obligará a juristas, tribunales y las partes de contratos a evaluar caso acaso la forma en que distribuirán el riesgo y sus efectos ante la imposiblidad de cumplir plena o parcialmente los contratos que se vean afectados por las nuevas circunstancias.