PROYECTO DE LEY QUE SISTEMATIZA LOS DELITOS ECONÓMICOS Y ATENTADOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Con vasto apoyo de todos los sectores avanza la tramitación del Proyecto de Ley que sistematiza los Delitos Económicos y atentados contra el Medio Ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos.

Por Carlos Fiedler

Lo anterior, según el Boletín Nº 13.205 de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados. Sin perjuicio que el proyecto aún se encuentra en etapa de discusión, cabe destacar que su propósito es regular en mejor medida la defraudación de las expectativas sociales respecto de los delitos de “cuello y corbata” y por lo mismo, su tramitación ha recibido un apoyo bastante transversal.

En este sentido, podemos decir que la regulación de los delitos económicos es algo reciente en nuestra legislación. Y es que en 1874, al momento de dictarse el Código Penal que actualmente nos rige, nadie imaginaba la evolución que tendría la economía ni las nuevas formas de delito que podrían utilizar ciertos individuos para enriquecerse ilícitamente, como por ejemplo, por medio los delitos de cohecho o la negociación incompatible. Por lo mismo, las penas asociadas a estos tipos de delitos han sido históricamente bajas y, a ojos de la sociedad, no existe proporcionalidad de la sanción en relación al daño cometido por esta clase de actos ilícitos.

En razón de lo anterior, desde 2009 a propósito de la promulgación de la Ley Nº 29.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas -motivada en una primera instancia para que Chile pudiese ingresar como miembro pleno a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) – se viene desarrollando una agenda legislativa en Chile respecto de la sanción de los delitos que afectan la probidad y el patrimonio público y privado. Así, por ejemplo, se ha promulgado la Ley Nº 21.121 de 2018 que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción y la Ley N° 21.132 de 2019, que moderniza el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y que incorporó nuevos delitos a la Ley N°20.393, como por ejemplo el delito de contaminación de agua y el delito de comercialización de productos vedados, entre otros.

Así las cosas, el proyecto de ley que modifica la Ley Nº 20.393 incorpora, entre otras modificaciones, las siguientes: /i/ nuevos delitos que permiten imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas; /ii/ crea una nueva atenuante de adopción de medidas eficaces para prevenir la reiteración del mismo tipo de delito objeto de la investigación; /iii/ incorpora una nueva agravante de uso instrumental de la persona jurídica para la comisión de delitos, y /iv/ regula expresamente la posibilidad de iniciar la investigación de los delitos de dicha ley por denuncia o querella y se establece la sanción de nombramiento de interventor judicial.

Respecto de lo último, el proyecto considera un nuevo artículo 12 bis en la Ley Nº 20.393 ya citada y que fue objeto de análisis por parte de los Ministros de la Corte Suprema, según el Oficio Nº 69-2020. Al respecto, señalaron desde el Tribunal Supremo diversos reparos en cuanto a la procedencia del nombramiento de interventor judicial, los criterios del nombramiento y la transgresión al principio de legalidad por el hecho de no estar debidamente determinadas sus funciones.

Finalmente, y sin perjuicio a que el proyecto aún debe ser ajustado y acordado con el fin de considerar distintas perspectivas y criterios de actores relevantes, y siendo aún prematuro prever los efectos positivos y/o adversos que podría involucrar el proyecto, considerando el apoyo que ha recibido su tramitación, todo hace pensar que será una cuestión de tiempo menor que el proyecto se convierta en realidad y comience a regir en un futuro no muy lejano. Esto supone que los estándares de responsabilidad por actos económicos y comerciales, como asimismo, las implicancias penales de acrecentarán volviendo indispensable la evaluación legal de los mismos ex ante.