El sistema de justicia de Chile también sufre con las exigencias de cuidado y consecuencias sanitarias que acarrea la pandemia de COVID-19 (pandemia de coronavirus), limitando principalmente su atención al público y funcionamiento diario, lo que genera una demora y atasco en los trámites, substanciación de procesos y decisiones jurisdiccionales, a consecuencia de la imposibilidad de realizar aquellas actuaciones judiciales que necesariamente requieren de la presencia de sus intervinientes, sumado con las dificultades humanas y técnicas que conlleva el obligatorio trabajo remoto o a distancia; demora y atasco aun incuantificables.

Y es que pese a las medidas adoptadas por la Ley 21.226, que establece el régimen de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicios de las acciones que ahí indica, complementado con los Autos Acordados Acta 41-2020, Acta 42-2020 y Acta 53-2020, que disponen diversas medidas tendientes al uso de la videoconferencia en los procesos judiciales, trabajo remoto para los Tribunales de Justicia y sus funcionarios, entre otras materias; no son suficientes para impedir la acumulación y paralización que aqueja de actividad jurisdiccional pendiente, los que siguen aumentando principalmente -pero no exclusivamente- por audiencias postergadas, pruebas y términos probatorios suspendidos, y por actuaciones personales detenidas, tanto de funcionarios como de las partes.

Así lo han evidenciado y comunicado los diversos intervinientes de la actividad jurisdiccional: tribunales, las partes y abogados litigantes. Por ejemplo, en publicación del 7 de julio pasado, en el diario El Mercurio, la Corte Suprema y el Colegio de Abogados advierten del inevitable colapso que sufrirá el sistema de justicia que se genera con el atochamiento de los términos probatorios suspendidos que van en aumento conforme pasa el tiempo, los que, de no mediar solución legal, se reiniciarán todos conjuntamente una vez terminado el estado de excepción constitucional por emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19.
Este problema de acumulación y paralización en el aparato jurisdiccional es mayúsculo y que, al día de hoy, no tiene solución concreta ni eficaz, y sus graves consecuencias se empiezan a sentir.

Para atender lo anterior, tanto el Poder Ejecutivo y Poder Judicial han iniciado en paralelo la elaboración de medidas para descomprimir y agilizar el trabajo del sistema de justicia que se encuentra pendiente y se sigue acumulando.

En este sentido el Poder Ejecutivo, en septiembre del año 2020, inició ante el Senado la tramitación de un Proyecto de Ley que pretende reformar el sistema judicial de nuestro país, principalmente enfocado en su funcionamiento mediante sus distintos procedimientos y tribunales, para el momento en que culmine el estado de excepción constitucional de emergencia sanitaria. Dicho Proyecto de Ley se tramita bajo el Boletín N° 13.752-07 y sus objetivos son los siguientes:

  1. Procurar la mayor eficiencia del sistema de justicia producto de la sobrecarga de trabajo sobreviniente.
  2. Limitar la presencia física de las personas por motivos sanitarios.

Este Proyecto de Ley plantea reformas permanentes y transitorias en los procedimientos y funcionamiento de los tribunales penales, civiles, laborales y de familia, enfocadas a la posibilidad de realizar las audiencias y actuaciones judiciales mediante videoconferencia y sistemas remotos, simplificación de los trámites de notificación, unificación de plazos, permitir el traslado temporal de funcionarios de un tribunal para colaborar en el trabajo jurisdiccional de otro tribunal con mayor demanda, entre otras.

Actualmente este Proyecto de Ley se encuentra en el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados y se tramita con suma urgencia.

Por su parte, el 11 de junio del 2021 el Poder Judicial anunció, en publicación realizada por el diario El Mercurio, que la actual dotación de jueces con la que cuentan los tribunales del país no es suficiente para enfrentar la “avalancha” -como ellos tildaron- de causas pendientes que se produciría luego de la pandemia. Para ello, requieren de 297 nuevos jueces para los tribunales de familia, penales y laboral, los que provienen de la Academia Judicial, jueces transitorios, abogados internos y externos del Poder Judicial. En el caso de los tribunales civiles, se estima el trabajo de dos jueces por tribunal, herramienta que legalmente ya existe para el funcionamiento extraordinario. Y finalmente, se contempla la posibilidad de emplear destinaciones especiales de jueces para aquellas zonas con mayor demanda. Excluyendo la solución para los tribunales civiles, estas medidas orgánicas demandan un presupuesto de $43 mil millones al año.

La necesidad de ajustes al sistema de justicia es palmaria, y las baterías de medidas actualmente en elaboración para auxiliar y destrabar la demora y atasco denunciados se advierten como inminentes, las que además no descartan la inclusión de adiciones, motivo por el que todos los involucrados debemos estar preparados para su implementación.

En Palma realizamos estricto seguimiento a la actividad que desempeña el Poder Judicial, el Gobierno, y todo otro organismo afín para enfrentar los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19 y los cambios que demanda, para así estar prontos a entregar la asesoría requerida por nuestros clientes mediante las herramientas vigentes.

 

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La presente información es un servicio de cortesía de Palma, y no constituye una opinión o asesoría legal respecto a un caso particular