Dentro de las múltiples iniciativas que tienen por objetivo la modernización del aparato estatal que actualmente se encuentran es fase de tramitación en el congreso nacional, encontramos el proyecto de ley que perfecciona el decreto con fuerza de ley N°458 de 1975 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en adelante “LGUC”, norma que de por si es de especial interés para el mundo inmobiliario.

El proyecto fue ingresado mediante el mensaje presidencial N°26.366 de fecha 14 de mayo del año 2018, en adelante el “Proyecto de Ley”. Tiene por objeto facilitar la obtención de permisos y certificados que deben tramitarse ante la Dirección de Obras Municipales, sistema que es altamente ineficiente por una serie de consideraciones que el Proyecto de Ley busca corregir, y que se esbozaran someramente en los párrafos siguientes.

En cuanto a los procedimientos propios del desarrollo de un proyecto inmobiliario, la etapa de tramitación de permisos y certificados ante las instituciones gubernamentales generalmente presenta problemas imprevistos y demoras difíciles de contemplar con antelación. Nos vemos enfrentados a un sistema poco estandarizado, con tiempos de entrega de resoluciones difícilmente manejables, extensos y poco predecibles.

Para un rubro que en muchas ocasiones desarrolla sus proyectos con alto nivel de endeudamiento, teniendo en cuenta plazos de avance previamente establecidos de los que depende la celeridad con que se podrá avanzar y comercializar un proyecto, y poder cumplir con las obligaciones dinerarias asociadas al mismo, es de suma importancia contar con información confiable respecto de los tiempos que demorarán en cada una de las etapas de desarrollo.

El escenario se ha tornado especialmente complejo con las medidas de prevención decretadas a raíz de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2. El Proyecto de Ley fue ingresado con un diagnóstico bastante desalentador. En él se da cuenta de grandes demoras en la obtención de permisos y certificados otorgados por las municipalidades. A la vez, dentro de los problemas evidenciados a la fecha de ingreso del Proyecto de Ley, se encuentra la heterogeneidad en la tramitación de solicitudes por las diferentes municipalidades, ofreciendo algunas de ellas sistemas satisfactorios, frente a otras en las que es necesario enfrascarse en largos procedimientos antes de obtener la documentación solicitada.

Tal como se mencionó anteriormente, la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 ha acentuado aún más la necesidad de modernizar los procedimientos de atención al público por parte de las municipalidades. Muchas de ellas se encuentran evidentemente muy atrasadas en cuanto a la incorporación de plataformas digitales eficientes en sus procesos de atención. Durante los últimos casi dos años, se ha evidenciado aún más las falencias de un sistema que no ha sido capaz de responder a las presiones de que ha sido objeto.
La deficiencia de los sistemas de atención al público y otorgamiento de permisos se traduce principalmente en incertidumbre y en largos tiempos de espera.

Incertidumbre debido a la falta de claridad que existe a la hora de realizar cualquier trámite tendiente a la obtención de un certificado o permiso ante una municipalidad, que se acentuará más en la medida que el trámite requerido sea más complejo.

En cuanto a los largos tiempos de espera, estos han aumentado aún más por la pandemia. Debido a las medidas de restricción de movilidad que la autoridad sanitaria debió implementar, muchas municipalidades simplemente dejaron de funcionar al no tener disponibles canales de atención digitales al público, lo que ha implicado una extensión aún más abultada en los tiempos que demoran los tramites.

Las circunstancias descritas, según se detalla en el mensaje presidencial que inicia el Proyecto de Ley, ralentizan de sobremanera el dinamismo de nuestra economía, paralizando proyectos de inversión e implicando un item importante a tenerse en cuenta por los posibles inversionistas a la hora de estudiar la viabilidad de la implementación de iniciativas en Chile.

Las modificaciones que busca incorporar el Proyecto de Ley dicen relación precisamente con el procedimiento de otorgamiento de los permisos y certificados a los que se refiera la Ley General de Urbanismo y Construcciones, además de modernizar la publicidad respecto de las resoluciones que otorguen los mencionados permisos y certificados, y la tramitación de los reclamos que pudieren deducirse en contra de los actos de las Direcciones de Obras Municipales.

El artículo 4 del Proyecto de Ley propone la creación de una plataforma digital, a través de la cual se tramitará de forma electrónica el otorgamiento de todos los permisos y certificados que deban ser otorgados por el Director de Obras Municipales, contenidos en la LGUC.

Teniendo en cuenta los problemas evidenciados en la tramitación ante las Direcciones de Obras Municipales, la acuciante necesidad de perfeccionamiento, estandarización y de mejorar los tiempos de respuesta en la entrega, el Proyecto de Ley se nos presenta como una gran oportunidad para avanzar en la materia. Encontramos hoy en día amplio consenso en la necesidad de digitalizar las instituciones del estado y así mejorar la calidad de servicio que se les presta a los ciudadanos.

Actualmente el Proyecto de Ley se encuentra a un paso de convertirse en ley, encontrándose aprobado por ambas cámaras, solo pendiente la tramitación de un veto presidencial que busca modificar el texto aprobado. El mencionado veto se refiere a las modificaciones que el Proyecto de Ley propone respecto de la tramitación de proyectos que tengan impacto ambiental, existiendo acuerdo en cuanto a las partes del Proyecto de Ley que modifican la LGUC, por lo que sería cuestión de tiempo que esta se apruebe en los términos en que es descrita en el presente artículo.

 

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La presente información es un servicio de cortesía de Palma, y no constituye una opinión o asesoría legal respecto a un caso particular

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Ignacio Moreno P.
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